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La prohibición no elimina el problema: cambia cómo debe probarse
La información publicada por El Correo anuncia que el Gobierno prohíbe utilizar el denominado síndrome de alienación parental (SAP) en los divorcios. Para un padre que percibe que sus hijos rechazan el contacto, repiten expresiones adultas o dejan de cumplir el régimen de visitas, el titular puede generar una preocupación inmediata: ¿significa que ya no puede explicar ante el juzgado que se está deteriorando su relación con sus hijos?
La respuesta práctica es no, pero con un matiz esencial. Lo que se excluye es el uso de una etiqueta diagnóstica controvertida —el SAP— como explicación o herramienta judicial. No se prohíbe acreditar hechos concretos que afecten a la relación paterno-filial ni pedir medidas para protegerla. La estrategia jurídica debe abandonar las afirmaciones globales y centrarse, con mayor rigor, en conductas verificables, su impacto sobre el menor y soluciones proporcionadas.
Ese cambio importa especialmente en procedimientos de familia. En un divorcio no basta con sostener que el otro progenitor «pone al niño en contra»; tampoco era prudente convertir un conflicto familiar complejo en un diagnóstico. Lo determinante es probar qué ha ocurrido, cuándo, cómo ha afectado al menor y qué respuesta protege mejor su interés superior.
Por qué el SAP ha sido tan controvertido
El síndrome de alienación parental fue una teoría formulada para describir casos en los que un menor rechaza a uno de sus progenitores como consecuencia, supuestamente, de la influencia injustificada del otro. Sin embargo, no constituye un diagnóstico clínico reconocido en las clasificaciones internacionales de enfermedades o trastornos mentales. Su utilización en litigios ha recibido críticas relevantes desde la psicología, la medicina, el ámbito jurídico y los organismos de protección de la infancia.
La principal objeción no es semántica. Bajo la etiqueta SAP se corría el riesgo de simplificar situaciones que exigen una investigación individualizada. El rechazo de un hijo puede responder a múltiples factores: exposición del menor al conflicto entre adultos, incumplimientos de visitas, una separación muy mal gestionada, dificultades de comunicación, estilos parentales, miedo, experiencias negativas reales o, en determinados casos, violencia. Atribuir automáticamente ese rechazo a una manipulación deliberada puede invisibilizar las causas que deben ser evaluadas.
Para los hombres inmersos en un proceso de ruptura, esto exige evitar dos errores opuestos. El primero es concluir que, sin la expresión SAP, el juzgado no atenderá las interferencias en el contacto. El segundo es negar de plano cualquier necesidad de evaluación cuando el menor manifiesta malestar. Una defensa sólida no necesita una etiqueta: necesita hechos consistentes y una petición enfocada al bienestar del hijo.
Qué puede cambiar en los divorcios con hijos
Menos diagnósticos genéricos y más prueba de hechos
La consecuencia más directa será previsiblemente un mayor escrutinio sobre el lenguaje empleado en demandas, informes y exploraciones. Ya no debería plantearse una petición sobre la base de que el menor padece o sufre un supuesto «síndrome». En su lugar, la cuestión jurídicamente relevante será si existen obstáculos objetivos e injustificados para preservar el contacto con ambos progenitores y cuál es la causa de esos obstáculos.
Por ejemplo, no es igual afirmar que «mi expareja aliena a mi hijo» que documentar que, durante tres meses, se cancelaron ocho entregas sin causa acreditada; que los mensajes para proponer alternativas quedaron sin respuesta; que el colegio recibió instrucciones de no facilitar información al padre pese a la patria potestad compartida; o que el menor fue expuesto a conversaciones y mensajes descalificadores sobre él. Cada hecho puede ser contrastado. La conclusión diagnóstica, por sí sola, no.
En expedientes con conflicto relacional intenso, el informe del equipo psicosocial adscrito al juzgado o de profesionales con cualificación adecuada puede adquirir aún más peso. Su función debe ser evaluar las necesidades del menor, sus vínculos, el contexto familiar y los factores de riesgo, no validar una teoría preconcebida.
Un padre no debe intentar dirigir esa evaluación con relatos absolutos ni entrenar al menor para que exprese una versión. Conviene aportar cronologías, comunicaciones y documentación ordenada, y permitir que los profesionales valoren el caso con independencia. Si existen denuncias cruzadas o alegaciones graves, la necesidad de prudencia y contraste es todavía mayor.
Abogados, psicólogos y mediadores tendrán que revisar su terminología. Incluir el SAP como diagnóstico, incluso de forma indirecta, puede debilitar la credibilidad de un escrito o de un informe. También conviene revisar convenios reguladores que no prevén mecanismos claros para los intercambios, las vacaciones, la comunicación digital o la información escolar y sanitaria.
La prevención del conflicto no consiste en redactar cláusulas punitivas imposibles de ejecutar. Consiste en concretar horarios, puntos de entrega, canales de comunicación, plazos para avisar de incidencias y reglas para recuperar tiempos de convivencia perdidos cuando sea viable y beneficioso para el hijo.
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Cómo defender la relación con los hijos sin invocar el SAP
Construya una cronología, no un relato emocional
Conserve un registro fechado de incidencias relevantes: visitas no realizadas, propuestas de recuperación, comunicaciones sobre salud o colegio, cambios de domicilio, llamadas impedidas y respuestas recibidas. Adjunte documentos originales cuando proceda: correos, mensajes completos, justificantes de desplazamiento, comunicaciones del centro escolar y resoluciones previas.
No acumule capturas aisladas sin contexto ni convierta cada desacuerdo en una prueba de mala fe. Un registro útil distingue entre incidencias puntuales y un patrón sostenido. Además, debe ser respetuoso: los insultos, las amenazas o los mensajes impulsivos pueden perjudicar al propio progenitor que pretende defender el vínculo.
Pida medidas concretas y proporcionadas
Según el caso, pueden solicitarse medidas como la ejecución del régimen establecido, un calendario de recuperación de estancias, coordinación parental cuando sea adecuada, un punto de encuentro familiar, terapia o apoyo especializado para el menor y la familia, o una evaluación psicosocial. La medida idónea dependerá de la edad del hijo, la intensidad del conflicto, la distancia entre domicilios y los riesgos acreditados.
La petición debe formularse desde una idea sencilla: facilitar una relación segura y estable del menor con ambos progenitores, siempre que ello sea compatible con su protección. Pedir un cambio drástico de custodia sin una base probatoria suficiente puede resultar contraproducente. A veces, la solución eficaz es gradual: recuperar rutinas, reducir el conflicto en los intercambios y establecer una comunicación parental trazable.
Separe el conflicto de pareja de la función parental
Tras el divorcio, es comprensible que existan heridas y desacuerdos económicos. Pero usar al hijo como mensajero, pedirle que elija, interrogarlo sobre el otro hogar o desacreditar a la madre delante de él perjudica tanto al menor como a la posición procesal del padre. La coherencia cotidiana también es prueba: puntualidad, participación escolar, pago de alimentos, disponibilidad y comunicación serena refuerzan la solicitud de preservar el vínculo.
Implicaciones para abogados y profesionales
El cambio obliga a una práctica más precisa. El abogado debe traducir la preocupación del cliente en hechos jurídicamente relevantes, identificar la prueba lícita disponible y evitar conceptos sin respaldo clínico. El profesional de la psicología debe explicar límites, metodología y fuentes de información, sin invadir la función judicial ni emitir conclusiones diagnósticas carentes de base suficiente.
También es una oportunidad para mejorar la calidad de los procedimientos. El debate no debería girar en torno a si un progenitor «gana» una etiqueta, sino alrededor de preguntas más útiles: ¿qué necesita este menor?, ¿qué evidencia existe de interferencias o riesgos?, ¿cómo se puede reducir la exposición al conflicto?, ¿qué medida permite restablecer una relación segura?
La prohibición anunciada no debe leerse como una presunción automática contra los padres que denuncian obstáculos al contacto. Tampoco como un cheque en blanco para incumplir resoluciones o dificultar la coparentalidad. Los incumplimientos y las conductas que dañan injustificadamente el vínculo pueden y deben ser examinados con las herramientas ordinarias del Derecho de familia y con prueba seria.
FAQ
¿Ya no puedo denunciar que se impide mi relación con mi hijo?
Sí puede poner en conocimiento del juzgado incumplimientos del régimen de visitas, bloqueos de comunicación o conductas concretas que perjudiquen el vínculo. La diferencia es que debe evitar basar la petición en el diagnóstico o la etiqueta de síndrome de alienación parental y centrarse en hechos demostrables.
¿Qué pruebas son más útiles en un procedimiento de este tipo?
Suelen ser relevantes una cronología de incidencias, comunicaciones completas entre progenitores, resoluciones previas, justificantes de desplazamiento, información escolar o sanitaria obtenida legítimamente y, cuando proceda, informes profesionales independientes. La prueba debe ser contextualizada, auténtica y obtenida respetando la intimidad y la ley.
Una modificación de medidas exige valorar las circunstancias concretas y el interés superior del menor. El obstáculo persistente e injustificado al contacto puede ser un elemento relevante, pero no produce automáticamente un cambio de custodia. El juzgado analizará la prueba, las causas del rechazo o de los incumplimientos y la medida menos perjudicial para el hijo.
¿Debo pedir terapia para mi hijo si rechaza verme?
Puede ser conveniente solicitar una intervención especializada si existe malestar o deterioro del vínculo, pero no debe utilizarse como castigo ni para imponer un relato al menor. La idoneidad, el tipo de intervención y el profesional deberán valorarse según las necesidades del caso y, cuando exista litigio, con el asesoramiento jurídico adecuado.
Fuente: El Correo — Tue, 05 May 2026 07:00:00 GMT
